Mujeres con VIH en Honduras siguen enfrentando esterilización forzada y violaciones asus derechos reproductivos: nuevo estudio urge cambios en la atención en los serviciosde salud.

Tegucigalpa, 24 de septiembre de 2025. Fundación LLAVES, con el acompañamiento técnico y financiero de ONU Mujeres, Abogados Sin Fronteras, La Plataforma We Lead y La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF),  presentó este miércoles en Tegucigalpa los resultados del Estudio sobre Derechos Sexuales y Reproductivos de Mujeres con VIH en siete municipios de Honduras.

El análisis confirma lo que investigaciones previas ya advertían: las mujeres con VIH en el país no solo son invisibilizadas en las políticas de salud, sino que continúan enfrentando esterilizaciones forzadas o bajo coacción dentro del sistema público de salud, una práctica que constituye violencia institucional y una grave violación a los derechos humanos.

Una práctica que arrebata autonomía

Los hallazgos del estudio muestran que, entre las mujeres con VIH entrevistadas, persisten patrones de violencia obstétrica: procedimientos realizados sin consentimiento, presión durante el parto para aceptar la esterilización, firmas obtenidas bajo coacción o sustitución de la voluntad de la mujer por la de familiares o personal médico.

Esto ocurre en un contexto donde las mujeres representan el 42.8% de los casos acumulados de VIH en Honduras (más de 43,400 hasta diciembre de 2024), en su mayoría jóvenes entre 15 y 49 años. Pese a su peso demográfico, siguen siendo tratadas como población de segunda categoría en el sistema de salud, donde se reproducen prejuicios y estigmas sobre su derecho a la maternidad.

Los estudios realizados desde 2014 muestran un patrón sostenido: 27% de las mujeres entrevistadas fueron aconsejadas para no embarazarse, 15% presionadas a esterilizarse y 9% amenazadas con perder sus medicamentos antirretrovirales si no aceptaban anticonceptivos permanentes. En 2020, LLAVES documentó 18 casos de esterilización forzada en San Pedro Sula; en 2021, CEPROSAF identificó seis más en Atlántida y Colón, incluso en jóvenes menores de edad. El nuevo estudio confirma que estas prácticas no han cesado.

“Los hallazgos son claros: los avances normativos y de política pública en VIH, violencia basada en género y derechos sexuales y reproductivos —particularmente en materia de no discriminación y garantías— no se reflejan todavía en la vida de las mujeres. Persisten estigmas, violencia institucional y prácticas coercitivas que ponen en riesgo su salud, su autonomía y su dignidad” expresó Rosa Amelia González, directora ejecutiva de Fundación LLAVES:

La mayoría de mujeres afectadas provienen de zonas rurales (68%), viven en condiciones de pobreza y cuentan con bajos niveles de escolaridad (casi la mitad apenas completó la primaria).

Esta vulnerabilidad, cruzada con el estigma del VIH, se traduce en un terreno fértil para el abuso de poder en hospitales y centros de salud.

Las consecuencias son devastadoras: pérdida del derecho a decidir sobre su maternidad y salud sexual en general, afectaciones emocionales y físicas, rupturas familiares y desconfianza generalizada hacia los servicios de salud. Algunas mujeres han abandonado su tratamiento antirretroviral tras vivir experiencias de violencia obstétrica, aumentando riesgos de salud y mortalidad.

El estudio utilizó diferentes métodos para recopilar información. Por un lado, se revisaron leyes y políticas públicas relacionadas con el tema. Por otro lado, se realizaron entrevistas y grupos de discusión con mujeres que viven con VIH, para conocer sus experiencias y perspectivas. Además, se aplicó una encuesta a estas mujeres para obtener datos demográficos.

La selección de las participantes se hizo de manera no aleatoria, buscando mujeres que pudieran compartir testimonios valiosos sobre el tema. Para garantizar que el estudio se realizará de forma ética y respetuosa de los derechos humanos, el protocolo y los instrumentos utilizados fueron revisados y aprobados por un comité de ética de la universidad.Avances y retos

Desde 2013, la organización LLAVES ha documentado de manera sistemática estas violaciones, generando evidencia técnica con apoyo de ONU Mujeres, Abogados Sin Fronteras, la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), Plataforma WeLead, el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH y lideresas comunitarias. Este esfuerzo ha permitido que el tema deje de ser un rumor en pasillos hospitalarios para convertirse en una exigencia respaldada con datos y testimonios.

Durante el evento participaron representantes de agencias de Naciones Unidas (ONUMujeres, PMA, UNFPA, PNUD, UNICEF, OACNUDH), instituciones nacionales (SEMUJER, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Derechos Humanos, CONADEH, CONASIDA) y organizaciones aliadas como IPPF, Plataforma WeLead y Abogados Sin Fronteras.

Durante el evento se subrayó que, a pesar de los avances normativos —como la actualización de la Ley Especial de VIH y su reglamento—, los protocolos médicos siguen sin garantizar un consentimiento informado real ni sanciones claras a quienes cometen esterilizaciones forzadas.

Más información: www.organizacionllaves.org

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